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Las viviendas con fines turísticos cuentan con tres meses, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del decreto que regula esta modalidad turística, para inscribirse en el Registro de Turismo de Andalucía y regular así su situación.

Una norma que viene a cubrir el vacío legal en el que se encontraban los aproximadamente 80.000 inmuebles turísticos (unas 400.000 plazas) que hay en la región, cifras que ofrece el sector y que el Gobierno andaluz reconoce que no son oficiales por la dificultad de cuantificar el “mercado negro”.

El decreto, elaborado con el consenso de los agentes económicos y sociales, da cobertura jurídica a las viviendas alquiladas con finalidad turística, que tras la modificación en 2013 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) habían quedado fuera de regulación y sujetas a normativas sectoriales.

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